Actuaciones para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Actuaciones para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Las actuaciones que la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana prevé son las que seguidamente se exponen:

a)       Las autoridades competentes, podrán dictar las órdenes o prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias con la finalidad de asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la de prevenir la comisión de delitos y faltas.

b)       La autoridad competente podrá acordar, como medidas de seguridad extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la evacuación de inmuebles o el depósito de explosivos, en situaciones de emergencia que las circunstancias del caso hagan imprescindibles y mientras éstas duren.

c)       Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos, procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Sin embargo, podrán suspender los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos públicos mientras no existan otros medios para evitar las alteraciones graves de la seguridad que se estuvieren produciendo. Dichas autoridades, por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán disolver, en la forma que menos perjudique, las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones, cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes Penales, cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes o cuando se hiciera uso de uniformes paramilitares por los asistentes. También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquellos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías. Antes de llevar a efecto estas medidas, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas. En el caso de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas o con otros medios de acción violenta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos, sin necesidad de previo aviso.

d)       Los agentes de la autoridad podrán realizar, en todo caso, las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, procediendo a su ocupación. Podrán proceder a la ocupación temporal, incluso de las que se lleven con licencia o permiso y de cualesquiera otros medios de agresión, si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de las cosas.

e)       Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir, por el tiempo imprescindible, la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden, la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia, cuando fuere necesario para su restablecimiento. Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas del mismo, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. El resultado de la diligencia se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal.

f)        Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la Ley. De no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario los agentes, para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible. En estas dependencias se llevará un libro-registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en aquéllas, así como los motivos y duración de las mismas, y que estará en todo momento a disposición de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal. No obstante lo anterior, el Ministerio del Interior remitirá periódicamente extracto de las diligencias de identificación al Ministerio Fiscal. En los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar voluntariamente las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

g)       Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución, esto es, con consentimiento de su titular, autorización judicial o flagrante delito. Además, será causa legítima suficiente para la entrada (no registro) en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. En tales supuestos, y para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo. Cuando por las causas previstas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entrasen en un domicilio, remitirán sin dilación el acta o atestado que redactaren a la autoridad judicial competente.

Régimen sancionador.

A) Infracciones:

A los efectos de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, constituyen infracciones graves:

a)                      La fabricación, reparación, almacenamiento, comercio, adquisición o enajenación, tenencia o utilización de armas prohibidas o explosivos no catalogados; de armas reglamentarias o explosivos catalogados careciendo de la documentación o autorización requeridos o excediéndose de los límites permitidos, cuando tales conductas no sean constitutivas de infracción penal.

b)                     La omisión o insuficiencia en la adopción o eficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las armas o de los explosivos.

c)                      La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en la Ley Orgánica 9/1.983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de infracción penal.

d)                     La negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos de cuando se consideren ilícitas de conformidad con las Leyes Penales, cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes o cuando se hiciera uso de uniformes paramilitares por los asistentes.

e)                      La apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas careciendo de autorización o excediendo de los límites de la misma.

f)                      La admisión en locales o establecimientos de espectadores o usuarios en número superior al que corresponda.

g)                     La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente.

h)                     La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana.

i)                       La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.

j)                       El incumplimiento de las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad.

k)                      La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las documentaciones previstas por la Ley, siempre que no constituya infracción penal.

l)                       La carencia de los registros para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana.

m)                     La negativa de acceso o la obstaculización del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios, en fábricas, locales, establecimientos, embarcaciones y aeronaves.

n)                     Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal.

o)                     La apertura de un establecimiento, el inicio de sus actividades o el desarrollo de su funcionamiento sin autorización o sin adoptar total o parcialmente las medidas de seguridad obligatorias o cuando aquéllas no funcionen o lo hagan defectuosamente, o antes de que la autoridad competente haya expresado su conformidad con las mismas.

p)                     La comisión de una tercera infracción leve dentro del plazo de un año, que se sancionará como infracción grave.

Las infracciones tipificadas en los apartados a), b), c), e), f), g), i), j), m) y o) podrán ser consideradas muy graves, teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado, o cuando supongan atentado contra la salubridad pública, hubieren alterado el funcionamiento de los servicios públicos, los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos, o se hubieren producido con violencia o amenaza colectivas.

Además, son infracciones graves a la seguridad ciudadana:

a)                    El consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

b)                    La tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal.

c)                    El abandono en los lugares, vías, establecimientos o transportes de útiles o instrumentos utilizados para el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Las sanciones de estas tres infracciones graves a la seguridad ciudadana podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado.

Constituyen infracciones leves de la seguridad ciudadana:

a)       El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal.

b)       La negativa a entregar la documentación personal cuando hubiere sido acordada su retirada o retención.

c)       La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de las documentaciones de armas o explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de tales documentaciones.

d)       La admisión de menores en establecimientos públicos o en locales de espectáculos, cuando esté prohibida, y la venta o servicio de bebidas alcohólicas a los mismos.

e)       El exceso en los horarios establecidos para la apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas.

f)        Las irregularidades en la cumplimentaron de los registros prevenidos en las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana y la omisión de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los plazos establecidos.

g)       La exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad de causar intimidación.

h)       Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes, dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, cuando ello no constituya infracción penal.

i)        Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.

j)        Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Las infracciones administrativas contempladas prescribirán a los tres meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.

B) Sanciones.

Las infracciones determinadas podrán ser corregidas por las autoridades competentes con una o más de las sanciones siguientes:

a)       Multa de cinco millones una pesetas a cien millones de pesetas, para infracciones muy graves. De cincuenta mil una pesetas a cinco millones de pesetas, para infracciones graves. De hasta cincuenta mil pesetas, para infracciones leves.

b)       Retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas.

c)       Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

d)       Suspensión temporal de las licencias o autorizaciones o permisos desde seis meses y un día a dos años para infracciones muy graves, y hasta seis meses para las infracciones graves. En casos graves de reincidencia, la suspensión podrá ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves.

e)       Clausura de las fábricas, locales o establecimientos, desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves. En casos graves de reincidencia, la clausura podrá ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves

Las siguientes infracciones graves a la seguridad ciudadana podrán ser sancionadas, además, con la suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta tres meses y con la retirada del permiso o licencia de armas, procediéndose desde luego a la incautación de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas:

·        El consumo en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

·        La tenencia ilícita, aunque no estuviera destinada al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal.

·        El abandono en los lugares, vías, establecimientos o transportes de útiles o instrumentos utilizados para el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

En casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que correspondan podrán sustituirse por la expulsión del territorio español, cuando los infractores sean extranjeros, de acuerdo con lo previsto en la Legislación sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España.

Las sanciones prescribirán al año, dos años o cuatro años, según que las correspondientes infracciones hayan sido calificadas de leves, graves o muy graves.

C) Competencia sancionadora:

Serán competentes para imponer las sanciones indicadas:

a)       El Consejo de Ministros para imponer cualquiera de las sanciones por infracciones muy graves, graves o leves.

b)       El ministro del interior para imponer multas de hasta cincuenta millones de pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.

c)       Los titulares de los órganos superiores y órganos directivos del Ministerio del Interior a los que se atribuya tal carácter, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias para imponer multas de hasta diez millones de pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas, por infracciones muy graves, graves o leves.

d)       Los subdelegados del gobierno y los delegados del gobierno en Ceuta y en Melilla, para imponer multas de hasta un millón de pesetas, las sanciones de retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas, incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y la suspensión temporal de las licencias o autorizaciones de hasta seis meses de duración, por infracciones graves o leves.

e)       Los delegados del gobierno en ámbitos territoriales menores que la provincia, para imponer multas de hasta cien mil pesetas, y las sanciones de retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas y la incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones, y, en especial, de las armas, de los explosivos, de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas por infracciones graves o leves.

Por infracciones graves o leves en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, tenencia ilícita y consumo público de drogas y por las infracciones leves tipificadas en los apartados g), h), i) y j), los alcaldes serán competentes, previa audiencia de la Junta Local de Seguridad, para imponer las sanciones de suspensión de las autorizaciones o permisos que hubieran concedido los municipios y de multa en las cuantías máximas siguientes:

a)       Municipios de más de quinientos mil habitantes, de hasta un millón de pesetas.

b)       Municipios de cincuenta mil a quinientos mil habitantes, de hasta cien mil pesetas.

c)       Municipios de veinte mil a cincuenta mil habitantes, de hasta cincuenta mil pesetas.

d)       Municipios de menos de veinte mil habitantes, de hasta veinticinco mil pesetas.

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